Al participar como invitados en el Encuentro Económico de HOY, el presidente de la entidad, Julio García Batista; la vicepresidenta tesorera, Desiree León, y los expresidentes Leonel Castellanos Duarte y Miguel Dauhajre afirmaron que el comercio aún no siente la recuperación reflejada en las cifras oficiales del Banco Central.

Explicaron que, aunque la economía dominicana registró un crecimiento de 4.7 % en mayo y de 4.2 % en el acumulado de enero-mayo, el comercio apenas avanzó 1.8 % en ese mes, desempeño que calificaron como insuficiente para hablar de una recuperación del sector.
Frente a ese panorama, los directivos de la UNE plantearon que las autoridades adopten medidas para estimular la economía mediante programas de crédito con tasas preferenciales y condiciones de acceso más flexibles para las pequeñas y medianas empresas.

Consideraron que las tasas de interés continúan elevadas y que actualmente existe una diferencia cercana a diez puntos porcentuales entre las tasas activas y pasivas del sistema financiero, lo que dificulta el acceso al crédito productivo y desalienta nuevas inversiones.

Agregaron que cualquier programa de financiamiento debe diseñarse para que los recursos lleguen efectivamente a las empresas que los necesitan y contribuyan a dinamizar la economía, en lugar de destinarse al refinanciamiento de deudas existentes.
Añadieron que, en un contexto de desaceleración económica y mayor incertidumbre internacional, facilitar el acceso al crédito permitiría a las empresas mantener sus niveles de inventario, preservar el empleo y sostener las operaciones, pese al incremento de los costos logísticos y financieros.

Advirtieron que, de mantenerse el actual escenario internacional y las condiciones internas, el comercio registraría un desempeño más débil en lo que resta del año, con mayores presiones sobre los costos, el abastecimiento y los precios al consumidor.

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El aumento de algunos arbitrios municipales y las alzas contempladas en la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos están elevando los costos operativos de las empresas formales, en un contexto de crecimiento moderado del sector comercio.

Así lo advirtieron directivos de la Unión Nacional de Empresarios (UNE), quienes señalaron que diversos arbitrios municipales han registrado incrementos en los últimos meses, situación que, a su juicio, encarece la actividad empresarial formal y genera incertidumbre por los cambios en las reglas tributarias.

Las consideraciones fueron expuestas por el presidente de la UNE, Julio García Batista; la vicepresidenta y tesorera, Desiree León, y los expresidentes Leonel Castellanos Duarte y Miguel Dauhajre, durante el Encuentro Económico de HOY, donde plantearon ajustes que, según afirmaron, harían más equitativo el cobro de algunos tributos municipales.
Otra preocupación del sector comercial es el método utilizado para calcular la tarifa por la gestión de residuos sólidos, luego de la modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.

Según explicaron, el monto que paga cada empresa se determina principalmente en función de su volumen de ventas y no de la cantidad de residuos que realmente genera.

García Batista puso como ejemplo que una oficina con una baja generación de desechos puede terminar pagando una tarifa similar a la de un establecimiento comercial que produce un volumen mucho mayor de residuos, siempre que ambos registren niveles de facturación comparables.

Ante esta situación, la UNE propone que, antes de aplicar el cobro, las empresas sean clasificadas según su actividad económica y la cantidad real de residuos que generan, para establecer tarifas diferenciadas de acuerdo con cada categoría.

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Asimismo, la UNE considera conveniente que, en una próxima etapa, se impulse una revisión integral del modelo de determinación de las tarifas, sustentada en estudios técnicos, evidencia objetiva y un proceso de diálogo con los sectores productivos, municipales, ambientales y sociales.

Este proceso debe orientarse a la construcción de un esquema tarifario basado en los principios de equidad, proporcionalidad y capacidad contributiva, garantizando un equilibrio entre la sostenibilidad financiera del sistema y la competitividad de las actividades productivas.

La UNE reitera su disposición de colaborar con las autoridades y los distintos actores involucrados en la formulación de soluciones técnicas que fortalezcan la gestión ambiental del país, promuevan la seguridad jurídica y contribuyan al desarrollo económico sostenible de la República Dominicana.

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La actividad reunió a empresarios y representantes de distintos sectores productivos, quienes intercambiaron ideas sobre la importancia de promover un entorno de competencia transparente y favorable para el desarrollo empresarial.

A continuación, compartimos una galería con algunos de los momentos más destacados de este encuentro realizado en Cava Alta, Santo Domingo.

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La Unión Nacional de Empresarios recibió a la presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia, María Elena Vásquez, en un Encuentro Empresarial centrado en la prevención de prácticas desleales y el fortalecimiento de la libre competencia.

Santo Domingo, D.N. La Unión Nacional de Empresarios (UNE) formuló este jueves un plan de cinco puntos para orientar la modificación de la Ley 42-08 y reclamó que el Congreso Nacional escuche de manera efectiva al empresariado formal antes de aprobar cualquier norma que impacte el mercado.

El planteamiento se produjo durante un encuentro empresarial celebrado en Cava Alta, en el que la entidad recibió a la licenciada María Elena Vásquez, presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia.

El presidente de la UNE, licenciado Julio García, abrió el diálogo subrayando que la organización se identifica plenamente con los objetivos de ProCompetencia de promover y defender la competencia efectiva en beneficio de los consumidores, pero advirtió que esa defensa no puede ejercerse a costa de quien produce.

“Ninguna regulación debe terminar penalizando al empresario que cumple, invierte y genera oportunidades”, afirmó.

García situó a las micro, pequeñas y medianas empresas en el centro de la inquietud. Recordó que “toda gran empresa en algún momento fue una Mipyme” y rechazó los privilegios indebidos, la informalidad agresiva, las cargas impositivas desproporcionadas y los abusos de posición dominante.

En la misma línea, vinculó la salud del mercado a la certeza jurídica. “Sin seguridad jurídica, reglas previsibles y sin proporcionalidad regulatoria, no hay inversión sostenible”.

Entre los puntos que plantea tomar en cuenta, García citó que la modificación de la Ley 42-08 proteja la libre competencia sin penalizar el crecimiento legítimo de la empresa dominicana, especialmente de las Mipymes; que toda actuación de la autoridad se base en criterios técnicos objetivos, públicos y revisables, y que se preserve la confidencialidad de la información empresarial, en particular en investigaciones, análisis de mercado y revisión de operaciones.

Proponen asimismo que se establezca una transición razonable, acompañada de capacitación previa para que las empresas conozcan sus obligaciones y adapten sus prácticas, además de que el Congreso Nacional escuche de manera efectiva al empresariado formal, “porque ninguna política pública que impacte al mercado debe construirse sin la participación de quienes producen, invierten y generan empleo”.

El dirigente empresarial reconoció que ProCompetencia puede desempeñar un papel valioso no solo como autoridad sancionadora, sino como aliada del desarrollo productivo, capaz de identificar barreras administrativas, trabas regulatorias y normas innecesarias que limitan la libre empresa.

Sobre esa base, propuso abrir una agenda de trabajo entre ProCompetencia, el Congreso Nacional y los sectores empresariales para construir guías prácticas, programas de capacitación y mecanismos preventivos que permitan a las empresas cumplir, competir y crecer con mayor certeza.

El encuentro tuvo lugar en momentos en que se discute el Anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica, que derogaría la Ley 42-08, creadora de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

García felicitó a Vásquez por la labor que encabeza en ProCompetencia desde su designación, el 22 de octubre de 2021, y reiteró la disposición de la UNE de aportar propuestas, acompañar procesos de capacitación y contribuir a una cultura empresarial de cumplimiento, transparencia y competencia leal.

Contacto de prensa:

Rosa María Jiménez
Rosa.jimenez@rmjcomunicaciones.com
829-343-9900

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El encuentro, realizado en el Salón Albariño de Cava Alta, se convirtió en un espacio de reencuentro y diálogo entre líderes empresariales, quienes compartieron impresiones sobre los retos y oportunidades de la economía nacional, reafirmando el compromiso del gremio con el desarrollo del país.

Durante la ceremonia, Julio García Batista asumió formalmente la presidencia de la organización, agradeciendo la confianza depositada y destacando la importancia de fortalecer la unidad del sector empresarial. En sus palabras, subrayó la necesidad de impulsar iniciativas que promuevan competitividad, inversión y empleo.

La velada también estuvo marcada por el mensaje de despedida del presidente saliente, Leonel Castellanos Duarte, quien hizo un balance de su gestión y expresó gratitud al equipo que lo acompañó. 

“Hoy concluyo esta etapa con un profundo sentido de responsabilidad y agradecimiento. Solo unidos, trabajando con institucionalidad y diálogo, podremos seguir aportando al progreso del país”, manifestó, al desear éxitos a la nueva directiva.

Empresarios, dirigentes gremiales y representantes de distintas asociaciones aprovecharon la ocasión para felicitar a las nuevas autoridades y compartir en un ambiente distendido, que combinó formalidad y cercanía.

La nueva Junta Directiva estará integrada por Ángel Nader, Ángelo Viro, Luis Rojas, Mario Lama, Miguel Dauhajre y Desirée León, junto a asesores sectoriales.

La noche concluyó entre saludos, fotografías y conversaciones que reflejaron el espíritu de colaboración que distingue a la UNE, reafirmando su papel como punto de encuentro del empresariado dominicano y como plataforma para seguir construyendo consensos en favor del desarrollo nacional.

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Según explicó el presidente de la UNE, Leonel Castellanos Duarte, desde el inicio del año, tras el retorno de Donald Trump a la presidencia estadounidense, se han reactivado medidas arancelarias contra productos estratégicos chinos. Esta situación ha provocado un aumento significativo en los costos de importación, afectando directamente a las empresas navieras y comercializadoras.

“En apenas tres meses, el costo del transporte de mercancías desde China hacia América ha subido entre un 25 % y un 40 %, alcanzando niveles que superan los 6,000 dólares por contenedor de 40 pies”, afirmó Castellanos Duarte.

El presidente de la UNE señaló que esta coyuntura ha empujado a muchas compañías globales a acelerar sus procesos de compra y a reformular rutas logísticas, generando una nueva etapa de alta volatilidad en el comercio internacional, agravada además por la situación crítica en el Canal de Suez.

A pesar del complejo panorama, Castellanos subrayó que algunas empresas están comenzando a relocalizar sus operaciones productivas desde Asia hacia otras regiones del continente americano, particularmente México, en busca de estabilidad y cercanía con los principales mercados.

En ese sentido, el dirigente empresarial hizo un llamado a mirar este escenario como una oportunidad estratégica para la República Dominicana:

“El país puede convertir esta coyuntura en una gran ventaja. Si actuamos con visión y estrategia, la República Dominicana tiene potencial para convertirse en un destino atractivo para nuevas inversiones, especialmente en sectores como zonas francas, manufactura liviana y servicios logísticos”, afirmó.

Recomendaciones para una estrategia de largo plazo

La UNE enfatizó que esta transformación en las cadenas de suministro globales podría marcar el inicio de una reconfiguración industrial de largo plazo, donde países con estabilidad política y ventajas logísticas —como la República Dominicana— tienen mayores posibilidades de atraer inversión extranjera directa.

Para ello, la organización instó a las autoridades a actualizar la estrategia de comercio exterior e inversión, con énfasis en:

• La facilitación de procesos aduanales
  
• La mejora de la infraestructura portuaria
  
• La promoción de acuerdos bilaterales que refuercen la competitividad del país
  

La UNE concluyó señalando que adaptarse con rapidez a este nuevo entorno internacional será clave para aprovechar el reposicionamiento productivo que ya están realizando varias economías emergentes de la región.

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José Amaury Fuertes, presidente de ASUME, aclaró que este anticipo, establecido como un derecho legal, es una herramienta crucial que permite a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), participar de manera efectiva en los procesos de contratación pública.

Importancia del Anticipo del 20%

Fuertes explicó que el anticipo del 20% no solo facilita el inicio de los contratos, sino que también juega un papel clave en la inclusión de PYMES en las licitaciones públicas, al:

• Reducir Barreras Financieras: Muchas PYMES carecen del capital de trabajo necesario para asumir la totalidad de los costos iniciales de los contratos. El anticipo les permite financiar materiales, insumos y otros gastos esenciales para cumplir con los compromisos adquiridos.
• Recuperar Costos Iniciales del Proceso de Licitación: El anticipo ayuda a los suplidores a cubrir los altos costos asociados con el proceso de licitación, incluyendo la obtención de fianzas, el envío de muestras obligatorias y otros gastos administrativos.
• Fomentar la Competitividad Local: Proporciona a las PYMES una oportunidad real de competir en igualdad de condiciones con empresas más grandes, promoviendo la diversificación de los suplidores y el desarrollo económico local.
• Proteger la Transparencia y Eficiencia: La Ley 340-06 exige que los suplidores presenten garantías de buen uso del anticipo, protegiendo a las entidades contratantes contra cualquier mal uso de los fondos entregados.

Impacto Negativo de la Eliminación del Anticipo

Fuertes agregó que eliminar este mecanismo afectaría de manera desproporcionada a las PYMES, limitando su capacidad para participar en los proyectos de desarrollo público. Además, podría provocar un aumento en los costos de las licitaciones al reducir la competencia y concentrar los contratos en un número limitado de empresas con mayor capacidad financiera.

Llamado a la Acción

ASUME enfatizó que el anticipo no representa un riesgo para el Estado, ya que está respaldado por garantías efectivas. En lugar de eliminarlo, se debe fortalecer su aplicación, supervisión y transparencia para maximizar sus beneficios.

Finalmente, ASUME hizo un llamado al Consejo Unificado de las EDES y a las autoridades responsables a reconsiderar esta propuesta, promoviendo un diálogo abierto que beneficie a las PYMES y garantice el desarrollo sostenible del sector eléctrico. La entidad reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de los suplidores, la promoción de la competitividad y el fortalecimiento del sector eléctrico en la República Dominicana.

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En una reciente conferencia ante la matrícula de la Unión Nacional de Empresarios (UNE), Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), presentó un panorama detallado sobre los avances y desafíos del sector eléctrico, centrado en las inversiones en subestaciones y el combate al fraude eléctrico.

Durante el año 2024, el CUED ha intervenido 26 subestaciones eléctricas, instalando 28 transformadores y beneficiando a más de 829,000 usuarios. Estas obras requirieron una inversión de RD$1,958.8 millones y son cruciales para reducir las interrupciones en el servicio, frecuentemente causadas por sobrecargas en las redes y transformadores.

Metas y Mejoras Futuras

Entre las metas a corto plazo, se planea intervenir otras 15 subestaciones, fortaleciendo así la capacidad de distribución en las áreas más críticas del país. «Estas mejoras permitirán garantizar un servicio más estable y confiable, reduciendo las averías y el tiempo de respuesta», afirmó Marranzini.

Combate al Fraude Eléctrico

El presidente del CUED también destacó casos emblemáticos de fraude eléctrico, como conexiones ilegales para alimentar transformadores en negocios y residencias. En 2024, las distribuidoras han identificado y desmantelado redes ilegales en múltiples empresas, subrayando el impacto financiero negativo que estas prácticas generan en el sistema. La meta es reducir las pérdidas técnicas del 38% actual al 27% para 2027, mediante inversiones, mejor gestión y medidas estrictas contra el fraude.

Estrategias Operativas y de Transparencia

El CUED ha implementado medidas operativas y de transparencia, incluyendo la compra masiva de transformadores y medidores, la instalación de estaciones móviles para facilitar los pagos en comunidades remotas, y la creación de un portal para que los clientes puedan monitorear el estado de sus circuitos. «Estas acciones no solo buscan mejorar la eficiencia, sino también generar confianza en nuestros usuarios y en la sociedad en general», expresó Marranzini.

Hacia un Futuro Eléctrico Sostenible

Marranzini concluyó su intervención subrayando que el año 2024 marca un punto de inflexión en la gestión de las distribuidoras. Con un déficit financiero significativo que supera los US$1,450 millones anuales, las empresas están comprometidas a adoptar prácticas más austeras y transparentes. «El cambio no es solo posible, es una realidad donde todos debemos ser responsables», concluyó.

Esta conferencia reafirma el compromiso del CUED de liderar una transformación integral en el sector eléctrico, enfocándose en eficiencia, sostenibilidad y combate al fraude como pilares fundamentales para un servicio eléctrico de calidad.

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